ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

En la actualidad parecería querer volver a resonar el tema en cuestión. Hay algunas señales por parte de ONG`s interesadas, y que trazaron un proyecto de ley, el cual ya fue presentado y es un hecho que el Congreso sabe del asunto. Ahora bien, la situación en la Argentina parece complicada, la ley 22285 ampara el régimen de acceso  a la información publica y a partir de la asunción del gobierno de Kirchner en 2003, algo se hizo pero poco. Fue la ley 104, aprobada en el año 1998, la cual regula el derecho del acceso a la información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una herramienta fundamental para acceder a la información por parte de los ciudadanos. De esta forma se puede ingresar  a instituciones como:

-La Biblioteca del Congreso de la Nación

-La SIGEN (Sindicatura General de la Nación)

-El Padrón Electoral

-El SMN (Servicio Meteorológico Nacional)

-Lotería Nacional

-Juzgados (Se piden autorizaciones e identificaciones)

Algunas instituciones son pagas en el caso que se quiera pedir informes y copias, además tienen un periodo de espera. Otros informes como los judiciales de los cuales se pueden solicitar causas, pero para el ciudadano común quizás sea más tedioso en comparación a la solicitud de un abogado. Las comisarias nacionales y provinciales son una jurisdicción difícil de explorar, no es fácil entrar allí y pedir causas o historiales, ya que resguardan el secreto. En cierta manera, es lógico que se pida como mínimo un DNI para poder acceder a la información en las instituciones, ya que el organismo por lo menos tiene que saber a quien le entrega los datos. De esta manera, la institución se resguarda del uso que se le va a dar a la información.

Hay otros servicios de información que son pagos y caros, como es el caso del Veraz, el cual te puede brindar todos los datos en cuanto a cuestiones que tiene que ver con la facultad crediticia de una persona. Solo aportando el DNI y pagando, uno puede acceder a la situación de deuda del averiguado, lo utilizan mucho las empresas que otorgan créditos en dinero y electrodomésticos.

Al inicio del gobierno kirchnerista, se firmó  el decreto 1172/03 que regula el acceso a la información publica pero solo para el caso del Poder Ejecutivo y no para el resto de los poderes, quedando incompleta una parte fundamental en la tarea de gobierno, la necesidad de ser sondeados por el ciudadano común.

 Las organizaciones que se plegaron por el proyecto Saber es un Derecho, hicieron oír su voz y enviaron la idea al Congreso, ellos son: Poder Ciudadano, la Asociación por lo Derechos Civiles(ADC), el Centro de Implementación de Políticas Publicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales(Inecip). Estas instituciones forman parte del apoyo a la ley de acceso a la información pública y además hay que agregar una pagina en Internet (saberesunderecho.org) la cual recibe apoyo y adhesiones por parte del ciudadano. Se puede volver a hacer un panorama de la realidad que hoy le toca vivir a la ley en cuestión, y podemos decir que no seria tan alentadora. La ley como tal, pierde vigencia en el Congreso luego de los 5 años que no se trata. Ese es uno de los escollos que enfrenta. Hoy, en el 2012, parece no generar ningún interés en el nuevo gobierno y ya no se habla de ella. Los últimos diputados que manejaban esta agenda, ya se sienten solos y aislados. Como es el caso de María Eugenia Estenssoro(Coalición Cívica) o el diputado radical Eduardo Gil Lavedra, quien había sugerido un cuerpo de fiscales anticorrupción.

CONCLUSION DEL TEMA

Este punto tratado parece tener baches, pero es en estos últimos diez años donde se acrecentó un poco la barricada del acceso a la información. Actualmente, varios diputados de la oposición se quejaban de que ellos mismos, que son una pata fundamental de la democracia, tenían vedados los pasos por parte del Ejecutivo, para acceder a pedidos de información. Si a un diputado, del cual se entiende que tiene poder como para solicitar información, se le hace difícil ¿que queda para un ciudadano común?.

Pero no endilguemos los cargos solo para quienes administran el gobierno, también los otros poderes u organismos van de la mano. Hasta los que se supone que quieren que se apruebe una ley que defienda el acceso, son reacios a brindar declaraciones cuando se les pregunta. Por eso no es fácil concluir este tema, sabiendo que controlado y controlante no actúan de forma distinta, sino que van por los mismos caminos.